EL CÓDIGO DE CONDUCTA

La sociedad emergente

Javier Sagarra

A los servidores públicos se nos exigen unas pautas de comportamiento que favorezcan la transparencia de la gestión pública que nos encomiendan los ciudadanos; lo que conllevan un compromiso con una serie de principios y valores que garanticen un gobierno sostenible, eficaz y transparente.

Sin duda, el mayor honor que puede tener un cargo público consiste en prestar un buen servicio a los vecinos de su ciudad que han depositado su confianza al elegirlos.

Muchos ciudadanos a la hora de enjuiciar la conducta de sus representantes políticos se encuentran divididos.

Unos creen que el buen gobierno consiste en escuchar lo que afecta directamente a sus intereses personales, aunque perjudiquen a los demás.

Para otros, lo importante es tener gobernantes que velen por el mantenimiento de los valores democráticos potenciando una cultura de la legalidad en sus decisiones, luchando contra la corrupción y el abuso de poder.

En este segundo caso, nos encontramos con quienes mantienen el recto y normal funcionamiento de las AAPP como presupuesto básico de la sociedad democrática, reforzando el estado de derecho y la confianza que los ciudadanos han depositado en ellos.

Los criterios de legalidad y efectividad, en consecuencia, deben primar a la hora de adoptar decisiones aunque no beneficien a un grupúsculo determinado.

Pues bien, la recuperación de unos bienes municipales -que han estado en manos de particulares durante catorce años a pesar de haber costado a los caspolinos muchos millones de las antiguas pesetas- ha puesto de manifiesto en el último Pleno de la Corporación esa dicotomía entre las dos clases de políticos.

Los grupos PSOE y CHA que se ponen camisetas para defender la gestión pública de los servicios públicos -por ejemplo el futuro Hospital de Alcañiz-, sin pudor alguno se vuelven mutantes para defender que las instalaciones públicas del Puerto Deportivo las explote un pequeño grupo de ciudadanos, bajo las siglas de un Club Deportivo. En fin, como el inefable Sr. Monedero.

A estos dos partidos políticos no les importa renegar de sus planteamientos programáticos. Son políticos camaleónicos que han descubierto cómo ese grupito que se beneficiaba de la explotación de los recursos públicos sin pagar un solo céntimo de euros al Ayuntamiento, les prometen sus votos en las elecciones de mayo para volver a los “beneficios”.

El oportunismo de PSOE y CHA alcanza el máximo nivel de oportunismo electoralista al amparar que un Club -que tenía cedido gratuitamente por el Ayuntamiento un local social- contratase a una empresa para explotarlo como bar-restaurante previo pago de más de 6.000 euros. Y ponen el grito en el cielo cuando se efectúa una licitación pública y abierta que irá en beneficio del propio Ayuntamiento.

Tampoco les importa nada a PSOE y CHA que la directiva del Club se haya arrendado todas las instalaciones públicas del Puerto Municipal, lucrándose y sin pagar el IVA por la cesión de esos bienes públicos, mientras el Ayuntamiento pagaba los gastos de la Urbanización donde se ubica.

Para mayor vergüenza ambos partidos se incomodan porque los Juzgados han dado la razón al Ayuntamiento en los tres expedientes municipales que impugnó el Club Náutico, dejando patente que se debe velar por el interés público frente al privado cuando se adoptan resoluciones en el Ayuntamiento.

Sociedad Emergente

Publicado en La Comarca , el viernes 6 de febrero de 2015, página 6, sección “Hemiciclo & Tribuna”

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