PLENO MUNICIPAL ORDINARIO DEL MES DE ENERO

Gestión vs falta de argumentos.

El pasado miércoles 21 de enero de 2015 se celebraba el primer Pleno Ordinario del recién inaugurado año. Un Pleno bastante corto, casi mero trámite que no se extendió demasiado en los 8 puntos a tratar, pero que si tuvo algo más de dilación en el apartado de ruegos y preguntas de los concejales.

Los 3 primeros puntos: 1)Aprobación borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 17 de diciembre de 2014, 2)Dar cuenta Decretos de Alcaldía y 3)Dar cuenta acuerdos competencia de la Junta de Gobierno Local se solventaron con rapidez.

Otro tanto ocurrió con el punto 4) Aprobación definitiva expediente de renumeración de la calle Madrid y avenida Goya, que se aprobó por unanimidad, manteniendo el voto de comisión.

En el punto 5) Aprobación expediente de modificación del contrato de Revisión-Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Caspe, intervino el edil Javier Sagarra, que recordó la génesis del citado PGOU desde 2005 y que, una vez aprobado provisionalmente y remitido a la Dirección General de Urbanismo, desde ahí se pidió la readaptación a las nuevas normativas surgidas en este larguísimo periodo de 10 años.

Como ello implicaba la modificación del contrato, la normativa exigía llevarlo a Pleno. En este sentido Sagarra incididió en que ya se llevaba una década con el PGOU y que Caspe y sus ciudadanos merecen tenerlo de una vez por todas. Se mantuvo el voto de comisión y se aprobó por unanimidad.

Al llegar al punto 6)Aprobación expediente creación Punto Propio de Entrada de Facturas Electrónicas, Ana Cabrero, a la sazón Concejal de Hacienda, explicó que, para cumplir con lo exigido por la Ley 25/2013 para fomentar mayor transparencia y control del déficit público, los proveedores que facturen al Ayuntamiento por más de 5.000 € lo deberán hacer mediante factura electrónica.

Esta obligación impuesta por la Administración Estatal, obligatoria desde el 15 de enero del presente año, planteaba dos opciones a este Equipo de Gobierno. O bien recurrir a una plataforma proporcionada por el Ministerio correspondiente, o bien realizar los trámites mediante Gestiona, (concretamente en Sede Electrónica), ya implementado en este Consistorio de Caspe, con la consiguiente reducción de costes.

Cabrero especificó que cuando estuviese aprobado el punto se haría público en la web sin perjuicio de los medios oportunos para ponerlo en conocimiento de los proveedores. Se mantuvo el voto de comisión y el punto también fue aprobado por unanimidad.

En cuanto al punto 7)Aprobación inicial Reglamento regulador de las obligaciones de facturación electrónica de los proveedores del Ayuntamiento de Caspe, se reincidió en lo planteado en el punto anterior. Se dio cuenta del reglamento redactado para regular esa disposición y se votó la aprobación para su posterior publicación, aprobándose también por unanimidad.

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Antes de pasar al punto octavo, hubo un turno de urgencia: la aprobación de expediente de modificación presupuestaria del que se dio cuenta en la Comisión de Hacienda y de la cual se informó a los diferentes grupos del Ayto, vía Gestiona, la cuestión de la paga extra de 2012 retenida a los empleados públicos y sobre el proyecto técnico de la primera fase de las obras del Barrio de la Muela.

Ana Cabrero incidió en que la paga extra retenida en 2012 a los empleados públicos se les debía ingresar de acuerdo a lo indicado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, devolviendo por ahora un 25% de la misma, que es lo permitido, en espera de aportar el resto en cuanto sea determinado por el órgano competente.

Sobre el Proyecto Técnico por el inicio de las obras en el Barrio de la Muela, concretamente en la Plaza de San Indalecio, calles adyacentes y Calle Cantarranas, Javier Sagarra explicó que se trataba de un proyecto de envergadura que implicaba acogerse a subvención de la DPZ si lo aprobaba. También indicó que esa subvención fue concedida, de tal manera que la DPZ ponía el 70% del coste global y el el Ayuntamiento de Caspe el 30% restante. Pero dado que el monto superaba la cifra de 1,5 millones de euros, la Ley obligaba a aprobar la cuestión en Pleno, siempre que la cantidad supere los 350.000 €. De ahí la urgencia para poder avanzarlas cuanto antes.

Al explayarse más sobre los detalles de este particular, el Concejal de Urbanismo matizó que los costes de ejecución propuestos por los arquitectos (contratados obligatoriamente por otra Administración y no por el Ayuntamiento) eran superiores a los precios reales de mercado, que indicó el personal técnico del Ayuntamiento. De ahí que el coste real de la intervención, previsiblemente sea menor a esas cifras que se barajaban.

Cuando se apruebe el Proyecto, se licitarán las obras lo antes posible”, subrayó.

La urgencia se aprobó por unanimidad del Pleno.

Sobre el primer punto se habló de más de 41.000 € de importe. Tras la aprobación se publicaría en el Boletín Oficial de la Provincia y si en el plazo de 15 días no había alegaciones, se elevaría a definitivo.

Todos los grupos estuvieron de acuerdo y no intervino nadie más.

En cuanto al segundo punto se dijo que el importe presupuestado ascendía a 935.000 € y 196.000 € de IVA. Se aportaba informe de Secretaría al expediente y se pedía subvención al PIMED, antiguo Canon de Energía. Pero dado que aún no estaba concedida esa subvención y dado su importe, era obligatorio también pasarlo a Pleno.

Aquí CHA se abstuvo en la votación, lo mismo que PSOE.

Jesús Senante, de esta última formación, preguntó a Javier Sagarra (Edil de Urbanismo) si finalmente el presupuesto para la Plaza de San Indalecio era el presupuestado por los arquitectos. Javier Sagarra (CPC), respondió que en caso de redactar el proyecto los arquitectos municipales se hablaría de menos cantidad. Que personalmente a él la cantidad calculada por los redactores le parecía muy alta y que ese equipo de arquitectos que se encargó del proyecto, por encargo de una administración no municipal, hizo sus cálculos de modo un tanto alejado de la realidad, y que ahora el Ayuntamiento de Caspe se deberá ajustar a la realidad.

De este modo se llegó al punto 8) Ruegos y preguntas. Aquí hubo varias preguntas y aclaraciones, como el curioso debate propiciado por Lumbreras (CHA) sobre los árboles de la Glorieta Alfonso XIII, que se habían plantado pero “no habían tomado”, por citar alguna, pero el debate estalló al sacar a colación dos temas de candente actualidad política en Caspe. La concesión del bar restaurante del Puerto Deportivo El Dique y las deficiencias técnicas que han retrasado la apertura de la Residencia Adolfo Suárez.

Respecto al Club Náutico Rafael Lumbreras (CHA) y Pepe Sanz (PSOE) echaron en cara al Equipo de Gobierno el criterio seguido para la concesión de la gestión de ese bar restaurante del Puerto Deportivo Municipal. Según ellos el proceso se hizo con sigilo, alevosía y muy poco tiempo de exposición pública, a lo que Javier Sagarra y Pilar Herrero respondieron que se había publicado en el “Perfil del Contratante” de la web municipal y se publicitó de acuerdo a lo que dicta la Ley.

Llegados a este punto Sagarra recordó que precisamente la concesión se había hecho según el procedimiento más abierto que permite la Ley, donde cualquiera podía concurrir. Todo lo contrario de lo que había venido ocurriendo con el Club Náutico Municipal, cuya gestión entregó el equipo de la ex-alcaldesa Teresa Francín (PSOE) al Club Náutico, sin llegar a firmar el convenio, y permitiendo que dicho Club Náutico lo subarrendara a un tercero haciendo la vista gorda, y dejando de percibir esos ingresos el Ayuntamiento, que al fin y al cabo es el propietario de las instalaciones.

Vosotros renegáis permanentemente de vuestro grupo político y no asumís sus acciones, escudándoos en que sois nuevos y no estábais ahí. No sé cómo no tenéis vergüenza de sacar el tema: No hicistéis que se cumpliera el convenio y habéis hecho dejación de funciones permitiendo que una entidad privada (el Club Náutico) no cumpliera sus funciones, que estaban recogidas en el convenio de 2.000, que no se llegó a firmar. Habéis permitido que se lucraran unos pocos perjudicando a todo el pueblo. Y habéis hecho la vista gorda. Los bienes públicos deben salir a licitación pública y eso es lo que ha hecho el Ayuntamiento”, les espetó sin tapujos.

En este sentido la argumentación de Javier Sagarra, edil de urbanismo, fue rotunda y ni Lumbreras ni Sanz, que se limitó a acusar al concejal de Urbanismo de judicializarlo todo, pudieron argumentarle en contra.

El otro punto controvertido fue la Residencia de personas mayores y Centro de Día Adolfo Suárez. Pilar Mustieles (PSOE) sugirió que el Ayuntamiento dejase de gastar dinero público en las reformas exigidas para que entre en funcionamiento la Residencia.

Recordamos que esas reformas son las señaladas desde la Administración Autonómica, que es quien al fin y al cabo tiene la última palabra. Y en esa línea comentó que debía ser la empresa adjudicataria de la gestión, a la que según ella, el Equipo de Gobierno le estaba dando todas las facilidades, o en sus propias palabras “poniendo una alfombra dorada a la empresa para abrir la Residencia”.

Carlos Alastuey respondió que dichas deficiencias a subsanar debía haberlas hecho el PSOE cuando gobernaba, y que desde el año 2000 el Ayuntamiento de Caspe no había hecho absolutamente nada por subsanar esos incumplimientos para la puesta en funcionamiento, ni se habían pasado las revisiones pertinentes. “Y eso que hicieron jornada de puertas abiertas, que es algo que se hace cuando algo va a empezar a funcionar”, apostilló. “Su gestión al respecto fue un cúmulo de despropósitos”, añadió Alastuey, “ y miren que tuvieron tres legislaturas, 12 años”, terminó señalando. “Es una pesadilla solucionar lo que no hicieron ustedes, y encima están ahí, molestando y no dejándonos hacer. Les rogaría que dejen trabajar a este Equipo de Gobierno y nos permitan, al menos, solucionar sus entuertos”, remató.

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