Tres excargos de la DGA vuelven a estar imputados.

El Caso La Herradura, cuya fase de instrucción lleva casi 4 años en marcha, parece ver algo de luz. Al menos empieza a vislumbrarse el final de la fase de instrucción, y se espera que en el primer semestre de 2015 ya se conozcan los nombres de los acusados. Acusados que saldrán de entre las más de 20 personas que están imputadas en la causa en el momento presente.

De hecho, todas las partes: acusación, fiscal y magistrada, esperan que pueda materializarse el documento de tipificación de delitos durante esos primeros seis meses del año que va a comenzar.

Un periódico de distribución comarcal se hace eco de la noticia. Y como queremos ser fieles a la noticia, aquí les dejamos el enlace a esa información:

http://www.lacomarca.net/bajo-aragon-caspe-medio-ambiente-2/item/6029-tres-excargos-de-la-dga-continuan-imputados-en-el-caso-la-herradura

caspe_laherradura_13-10-2014

La Audiencia Provincial ha admitido en parte el recurso presentado por el Ayuntamiento de Caspe, al que también se adhirió el fiscal del caso de La Herradura,por el que se pedía la rectificación de las «desimputaciones» que la juez de Caspe había dictaminado sobre tres exfuncionarios del Gobierno de Aragón.

Mariano San Agustín, ex director general de Estructuras Agrarias; José Luis Castellano, ex subdirector general de Estructuras Agrarias; y Carlos Clemente, ex jefe desección de regadíos del Servicio Provincial de Agricultura de Zaragoza, continúan presentes en el caso hasta que la magistrada caspolina elabore la transformación de imputados a acusados.

El auto de la Audiencia especifica que al no haber finalizado la instrucción del caso deben seguir en el mismo y les concede el sobreseimiento provisional. «Al no haberse concluido aun la instrucción de la presente causa y a resultas de lo que de la misma pueda desprenderse, esta Sala entiende que la resolución más adecuada es la del sobreseimiento provisional», puntualiza.

Por otro lado, aún queda pendiente de resolver por parte de la juez el recurso de reforma presentado por el abogado de la Asociación Cultural Compromiso para mantener la imputación de dos funcionarios del Servicio Provincial de Medio Ambiente del ejecutivo autonómico. Se trata de Ana Ordoñez y Miguel Ángel Muñoz, a quienes la magistrada sacó de la causa el pasado octubre. En el auto la juez puntualizaba que en el caso de Ordóñez «no hubo un delito de prevaricación» porque nunca llegó a ser instructora del expediente que hubiera tenido que iniciarse a raíz de la denuncia de un Agente de Protección de la Naturaleza. Precisamente, en esta infracción el guardia hablaba de la presencia de roturaciones en el paraje de la Herradura. Mientras que, por su parte, Muñoz fue exonerado de la causa porque, según la juez, «simplemente se limitó a elaborar un informe y no tenía concesión en las resoluciones».

También se desconoce si ha sido admitida la petición de llamar a declarar a José Manuel Lorente Ortillés, ex director del Servicio Provincial de Medio Ambiente de Zaragoza. Se trata del cargo que la funcionaria, Ordoñez, nombraba en su declaración como responsable de tener que haber iniciado el expediente sancionador contra la finca hortofrutícola a raíz de la denuncia presentada por un Agente de Protección de la Naturaleza en la que advertía de las roturaciones de tierra.

Fuentes consultadas por este medio, apuntan a que si la magistrada de Caspe rechaza esta apelación, también se elevará a la Audiencia Provincial. Además, también la Asociación Cultural Compromiso se quejan de la lentitud de todos los procesos judiciales y aseguran que llevan varios meses esperando documentación.

Son evidentes los enfrentamientos entre acusación, fiscal y magistrada, que se están registrando durante todo el proceso de instrucción, que dura ya cuatro años. Precisamente, todas las partes se muestran confiadas en que en el primer semestre del 2015 ya se pueda llevar a cabo el documento de tipificación de delitos y se conozca el nombre de los acusados, de entre los más de 20 personas que están imputadas a día de hoy en la causa.

Cabe recordar que en un principio la causa investigaba la posible concesión de licencias urbanísticas de forma «irregular» en un paraje que cuenta con la catalogación de especial protección ambiental en el Plan General de Ordenación Urbana de Caspe. Sin embargo, el caso dio un giro de 180 grados hace año y medio cuando se dio a conocer el informe realizado por los Agentes del Seprona de la Guardia Civil. Este documento amplió de forma significativa el número de imputados en el caso, llegando a estar llamados a declarar personal de los departamentos de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.

Según este informe la empresa, de la que ex alcalde socialista Mariano Gómez Callao es su administrador, habría transformado en regadío casi el doble de la superficie autorizada. Dicha documentación, que se ha ido comprobando con visitas regulares a la finca, tras una petición de la defensa, recoge la ejecución de movimientos irregulares durante los últimos años. Entre ellos destacan la extracción de áridos sin autorización, la captación de caminos de titularidad pública sin ningún tipo permiso de las administración, así como regar más hectáreas de las permitidas. Además, la sociedad llevaría años sin licencia de actividad y los edificios que la poseen la habrían obtenido de forma irregular.

Martes 17 de Diciembre de 2014.

Firmado por Sandra Buzón para La Comarca

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