El Juzgado recibe el lunes a 5 excargos de la DGA imputados por La Herradura

El Juzgado recibe el lunes a 5 excargos de la DGA imputados por La Herradura

El Juzgado recibe el lunes a 5 excargos de la DGA imputados por La Herradura

El interrogatorio se centrará en los procedimientos para la transformación de superficie en regadío, así como en las ayudas que la finca pudo percibir por ello

CASPE. El caso de La Herradura abre un nuevo capítulo este lunes 23 de septiembre con la declaración en el Juzgado de la ciudad del Compromiso de los cinco últimos imputados. Se trata de José Luis Castellanos, Carlos Clemente, Mariano Ángel Sanagustín, Antonio Latorre y Eliseo Martínez, ex altos cargos del Gobierno de Aragón pertenecientes a los departamentos de Agricultura, Medio Ambiente y Urbanismo a los que se les acusa de un posible delito contra los recursos naturales y medio ambiente.

Los cinco acusados ya fueron citados a declarar ante el Servicio de Protección de la Naturaleza el pasado mes de julio. El interrogatorio se centró en conocer cuáles fueron los pasos en la elaboración de los proyectos de transformación en regadío de La Herradura, que actualmente cuenta con el doble de la superficie autorizada, según el informe elaborado por el Seprona. Ante esta cuestión, los imputados manifestaron desconocer posibles “irregularidades” en el paraje y anunciaron que los procedimientos enmarcados en el título PEBEA se realizaron “conforme a lo establecido por los órganos competentes”. Además, también negaron cualquier comunicación o instrucción por parte de otros organismos.

Sin embargo, éstas no fueron las únicas vías planteadas por el Seprona, que también se refirió a la roturación de tierras sin autorización. Concretamente, en la declaración de Eliseo Martínez, ex director provincial de medio ambiente, se le preguntó sobre una denuncia realizada en el año 2002 del APN en la que se informaba de la roturación del paraje. En este sentido, Martínez admitió conocer el documento y haber recibido un informe de parte del INAGA, pero insistió en que los servicios jurídicos del departamento le comunicaron que los delitos habían prescrito y, por tanto se procedió al cierre del expediente sancionador.

Todo apunta a que el lunes la juez de Caspe continuará con estas dos líneas de investigación en un interrogatorio que se prevé iniciar a las nueve de la mañana y que se prolongará durante toda la jornada laboral. La magistrado tendrá que concretar las claves del caso, que en los últimos tiempos se han ido complicando, especialmente tras la elaboración por parte del Serpota del polémico informe en el que se han corroborado algunas actuaciones realizadas dentro de esta finca hortofrutícola, de la que el ex alcalde socialista Mariano Gómez Callao es administrador.

Con esta comparecencia ya serán quince las personas que han tenido que personarse en el Juzgado de Instrucción número 1 de Caspe como imputados en la causa. Entre ellos destacan ex cargos socialistas en el Ayuntamiento de Caspe, personal técnico del consistorio, así como tres ingenieros técnicos que fueron los encargados de firmar los proyectos de transformación en regadío. Cabe destacar que la cifra también ha variado en la acusación, ya que se tratará de la primera comparecencia en la que el Ayuntamiento de Caspe se presente como acusación particular. Todo ello tras la rectificación de la juez que ha supuesto que el consistorio caspolino reciba la fianza de 6.000 euros que tuvo que depositar, en un principio, para estar en el caso.

SE INVESTIGA…

1. Investigación de las licencias de obras concedidas por el Ayuntamiento en los años 1999 y 2002.

En 1999 se realizaron las primeras obras en La Herradura con una licencia concedida por Javier Sagarra, alcalde en aquel momento. Posteriormente en el año 2002 se solicitó otra para construir una central hortofrutícola que fue concedida por Teresa Francín con informe favorable.

2. La posible transformación en regadío del doble de la superficie autorizada.

Según el informe elaborado por el Seprona la empresa frutícola La Herradura S.L. habría transformado en regadío un total de 285 hectáreas, cuando la mercantil solo tendría permisos por parte del departamento de Agricultura para 146.

3. Extracción de áridos sin contar con autorización por parte del órgano competente.

El Servicio de Protección de la Naturaleza ha detectado la existencia de extracción de áridos en la superficie donde se encuentra la central que no ha sido en ningún momento autorizada por parte del Departamento de Industria del Gobierno de Aragón.

4. La presunta ocupación de superficie que no es propiedad de la empresa.

En el polémico informe se anuncia la ocupación de parcelas que no son propiedad de la empresa, a efectos catastrales, algunas de ellas son de titularidad municipal, de siete caminos de dominio público y un barranco propiedad de la CHE.

5. La sospecha de construcción de edificios sin permiso en la central hortofrutícola.

La empresa podría haber construido hasta nueve edificios de forma ilegal y sin contar con los permisos correspondientes para llevarlo a cabo. Del total, solamente dos, en un principio, contarían con una licencia urbanística.

6. El expediente de licencia urbanística iniciado por el consistorio y remitido a los juzgados.

El actual equipo de gobierno del Ayuntamiento decidió iniciar un expediente de licencia urbanística que supondría una sanción y el cierre de las instalaciones. Sin embargo, la juez paralizó el expediente y ahora el consistorio se lo ha remitido para que lleve a cabo acciones.

LA CIFRA

15

Ésta es la cifra de imputados hasta el momento en el caso de La Herradura. Entre ellos destacan ex cargos socialistas en el Ayuntamiento de Caspe, personal del consistorio caspolino, tres ingenieros técnicos y ex altos cargos de DGA

REACCIONES.

La Comisión Europea se ha interesado por el caso y ha solicitado documentación al Gobierno Central. Todo ello, tras la petición del eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, solicitando acciones a este organismo.

Respuestas de Europa

Cabe destacar que la investigación sobre el paraje de la Herradura ya ha trascendido más allá de nuestras fronteras. En este sentido, la Comisión Europea ha solicitado al Gobierno Central que aclare la información disponible sobre la roturación de tierras producida en este lugar, incluido en la Zona de Especial Protección para las Aves de Valcuerna, Serreta Negra y Liberola, de la Comunidad de Aragón. El pronunciamiento se produce a raíz de que el pasado 17 de abril el eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, diera a conocer a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea todo lo acontecido sobre la roturación de tierras en dicho paraje y solicitara acciones en este sentido. Con esta petición la CE ha reconocido que carecía de la información y que va a garantizar lo dispuesto en la Directiva de Hábitats que protege este lugar por formar parte de la Red Natura 2000.

S. BUZÓN
Viernes, 20 de Septiembre de 2013. La Comarca

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