Hoy aparecía en El Periódico de Aragón un artículo firmado por E. Bayona con Teresa Francín Piquer y Mariano Gómez Callao, ambos ex-alcaldes de Caspe del Partido Socialista Obrero Español, los dos en primerísimo plano de la noticia en relación a 3 presuntos delitos, ambiental, urbanístico y de prevaricación urbanística en la finca La Herradura S. L.
Aquí reproducimos el texto:
El Periódico de Aragón, 27/07/2013.
GESTIONES BAJO SOSPECHA.
Imputados 5 funcionarios de la DGA por un delito ambiental en Caspe.
• La Guardia Civil investiga la roturación de zonas protegidas con fondos públicos.
• Una empresa utilizó ayudas de Agricultura para poner las tierras en regadío.
E. BAYONA
ebayona@aragon.elperiodico.com
ZARAGOZA
El Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil ha imputado a cinco funcionarios de la DGA – cuatro de agricultura y uno de Medio Ambiente- en las diligencias en las que, bajo la coordinación del Juzgado de Caspe, investiga la presunta comisión de un delito ambiental, otro urbanístico y uno más de prevaricación urbanística en la finca La Herradura, una explotación de frutales ubicada en una península de 900 hectáreas del Mar de Aragón y parte de cuya superficie goza de protección por su riqueza ambiental y paisajística.
La imputación de los funcionarios, que declararon hace unos días en la Comandancia de Zaragoza y quedaron en libertad a la espera de que los cite el juez, eleva a quince la cifra de encartados en las diligencias.
Entre ellos se encuentran dos exalcaldes de Caspe, Mariano Gómez Callao- concejal de Urbanismo cuando La Herradura, con la que tiene relación empresarial, recibió alguno de los permisos bajo sospecha- y Teresa Francín, tres exconcejales, la secretaria y un exarquitecto municipal, estos dos últimos por su intervención en la tramitación de algunos permisos.
INGENIEROS/ La semana pasada declararon en el juzgado de Caspe, también como imputados, tres ingenieros que habían elaborado los proyectos de transformación en regadío de algunas zonas protegidas que fueron presentados a la DGA. Aseguraron desconocer esa circunstancia y explicaron que, al tratarse de áreas que la empresa pretendía incluir en el Pebea (Plan Estratégico del Bajo Ebro Aragonés, una iniciativa de la DGA para habilitar pequeños regadíos en el tramo final del río en Zaragoza) creían que todo estaba en regla.
El funcionario de Medio Ambiente imputado participó en la tramitación de algunos permisos, mientras que los cuatro de Agricultura tramitaron las ayudas del Pebea que investiga la Guardia Civil.
Las investigaciones del Seprona indican que, a base de roturaciones ilegales, La Herradura habría puesto en riego unas 150 hectáreas incluidas en zonas ZEPA (Zona Especial de Protección de Aves) y LIC (Lugar de Interés Comunitario) aprovechando para ello subvenciones del Pebea que le otorgaba la DGA. También señalan que la superficie puesta en riego supera notablemente la autorizada en el Pebea.
Las roturaciones comenzaron en 1998, según la denuncia que originó las actuaciones. Seguían catorce años después, según acredita la filmación aérea de un oruga que efectuó el Seprona en diciembre del 2012.
Fuentes conocedoras de la investigación indicaron que también existen extracciones de grava en las zonas protegidas.
Impulso.
UN ASUNTO PARADO 2 AÑOS
• La jueza de Caspe y el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) han retomado las investigaciones sobre las presuntas irregularidades ambientales en la finca La Herradura de Caspe después de que éstas hubieran permanecido paralizadas durante más de dos años, tras unas primeras pesquisas efectuadas tras la denuncia que las originó en el 2010. Sigue abierta y todo apunta a que el número de imputados crecerá.
Una nave en zona de interés ambiental que ocupa más suelo del autorizado
• Un fleco de la investigación de la Guardia Civil tiene como finalidad determinar si una de las naves existentes en la finca está o no ubicada en terreno protegido. De ser así, supondría la existencia de un delito urbanístico. Y si el ayuntamiento hubiera autorizado su construcción, abriría las puertas a que alguien tuviera que responder de un cargo de prevaricación urbanística por otorgar el permiso. El hecho de que la nave pudiera superar la superficie permitida no afectaría a su calificación penal.
Pie de foto: El Seprona retomó hace unos meses la investigación del “caso La Herradura”.
Pie de foto: Teresa Francín. Mariano Gómez Callao.
COMPROMISO POR CASPE 