La DGA permitió las obras ilegales de La Herradura pese a haber denuncias e informes

La DGA permitió las obras ilegales de La Herradura pese a haber denuncias e informes

HERALDO DE ARAGÓN

Martes 26 de marzo de 2013.
Página 13.

Sección Comarcas.

BAJO ARAGÓN – CASPE

La DGA permitió las obras ilegales de La Herradura pese a haber denuncias e informes

Los agentes de protección de la naturaleza avisaron de roturaciones sin permiso y hubo técnicos que detectaron ésas y otras irregularidades.

Pese a todo, la empresa creó 140 hectáreas de regadío sin autorización.

ZARAGOZA.
El Gobierno de Aragón permitió que la empresa del exalcalde socialista de Caspe Mariano Gómez Callao hiciese obras ilegales en la finca La Herradura a pesar de que durante aquellos años hubo denuncias e informes al respecto. Tanto los agentes de protección de la naturaleza (APN) como distintos técnicos de Agricultura y de Medio Ambiente pusieron de manifiesto actuaciones y tramitaciones que incumplían la legislación, pero eso no impidió que la mercantil llevase a cabo construcciones, transformaciones del terreno, extracciones de áridos y captaciones de agua sin las autorizaciones correspondientes.

Un informe del Seprona solicitado por el Juzgado de Caspe acaba de poner de manifiesto que la empresa de la que Gómez Callao es administrador desde su fundación ha transformado en La Herradura casi el doble de hectáreas de regadío (285) de las que le concedió Agricultura (146). Siempre según la Guardia Civil, lo ha hecho sin que conste evaluación de impacto ambiental alguna y afectando a una parte importante de la zona de especial protección para las aves (ZEPA) de Valcuerna, Serreta Negra y Liberola. Además la mercantil sólo tiene concesión de agua para los regadíos autorizados, por lo que los agentes deducen que está captando más caudales del Ebro de los que le permite la Confederación.

A esas presuntas ilegalidades hay que sumarle la existencia de una extracción de áridos que tampoco ha sido autorizada por Industria y la confirmación de que la empresa lleva años funcionando sin licencia de actividad, de que casi todos sus edificios carecen de licencia de obras y de que los que sí la tienen la obtuvieron de manera irregular.

La titular del Juzgado de Caspe ha ordenado a la Guardia Civil que siga investigando para aclarar todos estos hechos y las personas que participaron en ellos, lo que significa que el Seprona continuará indagando en la actuación de los departamentos de Agricultura y Medio Ambiente.

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En su declaración ante la juez como testigo, uno de los APN de Caspe dijo que en 2002 denunció a La Herradura <> y que no le consta que aquel expediente se resolviera. No obstante, fuentes del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente han confirmado a HERALDO que además de esa denuncia hubo varias más y que a raíz de ellas técnicos del Servicio Provincial de Medio Ambiente se desplazaron hasta Caspe para hacer mediciones y ratificar –si procedía- las irregularidades observadas por los APN. <>, explicaron las mismas fuentes.

Del mismo modo, en la investigación del Seprona se recoge que en diciembre de 2002 la subdirección de Medio Natural del Departamento de Medio Ambiente redactó un informe en el que se destacaba que el año anterior un técnico había visitado La Herradura y había comprobado que se estaba eliminando vegetación natural <>.

La Guardia Civil también detalla en su informe que en 2003 la sección de Regadíos del Departamento de Agricultura comunicó a la empresa de La Herradura que si quería ampliar su superficie regable debía redactar una memoria ambiental y remitírsela a Medio Ambiente para que decidiera si era necesario someter el proyecto a una evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, esa consulta no se produjo y la ampliación se aprobó apenas dos meses después.

Por otra parte, durante la tramitación de los sucesivos proyectos de creación de nuevos regadíos, Agricultura y Medio Ambiente recalcaron en varias ocasiones que, dado el alto valor ambiental de el paraje de La Herradura, la transformación debía ceñirse a las parcelas que ya estaban en cultivo evitando roturaciones, permutas con terrenos forestales o nivelaciones de terrenos para su puesta en riego.

A pesar de esa advertencia reiterada y de las denuncias e informes, la empresa transformó unas 140 hectáreas no autorizadas, entre ellas casi todas las parcelas que habían sido excluidas expresamente por su alto valor ambiental. Y lo hizo sin que las inspecciones de Agricultura detectaran nada y sin que consten sanciones de Medio Ambiente.

I. ARISTU

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