LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Por JAVIER SAGARRA DE MOOR

 

La Sentencia que ha dictado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 4 en el recurso formulado por los concejales del grupo municipal CPC dispone:… la nulidad de un expediente de permuta de bienes patrimoniales de Caspe por otros de propiedad particular.

Extractada así la resolución judicial, significa que un grupo político de la oposición del Ayuntamiento de Caspe ha vencido al gobierno en un expediente administrativo.

Sin embargo, la Sentencia da luz a una serie de hechos que han ocurrido en el Ayuntamiento de Caspe y que requieren un mínimo análisis para determinar las responsabilidades que se derivan de una serie de actuaciones públicas indebidas, que encubren una operación inmobiliaria que beneficia a un solo ciudadano a costa de todos los demás.

En primer lugar, significamos que todo servidor público tiene la obligación de salvaguardar la legalidad, coherencia, sentido común, honradez, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su empleo o cargo.

Se acredita en el Fallo Judicial que los funcionarios del Ayuntamiento que han intervenido en el expediente de la permuta no han cumplido sus obligaciones ( ver: páginas 8 y 9 de la sentencia) y, con su actuación, han provocado un grave quebranto a los intereses municipales.

En segundo lugar, los cargos políticos no quedan exentos de responsabilidad porque habían sido advertidos por el CPC en diversas ocasiones de que la permuta aprobada por la alcaldesa y los concejales de los grupos políticos PSOE, PAR y CHA encubría bajo el manto de “crear puestos de trabajo” una operación que suponía un expolio a los bienes patrimoniales.

Se ha demostrado en el trámite judicial que los bienes de propiedad municipal tienen un valor superior al doble de entregados por el particular. En concreto, la diferencia en contra del pueblo de Caspe es superior a 300.000,00 euros.

Además, se ha otorgado la escritura pública de permuta a pesar de encontrarse el asunto “sub iudice”, pagando de las arcas municipales los impuestos y los gastos que correspondía abonar al particular, lo que ha supuesto un gasto superior a 24.000,00 Euros.

Por otro lado, esa injusta actuación del gobierno ha obligado al grupo político CPC a la contratación, a su costa, de peritos, procurador y abogado….. para defender los intereses de todos los caspolinos y demostrar la cruda realidad tantas veces manifestada por sus concejales; todo ello con la consiguiente pérdida de tiempo que podríamos haber destinado a otros asuntos de interés para la población.

Por el contrario, la alcaldesa decidió, por decreto y con el dinero de todos, contratar los servicios de procurador y abogado para defender un contencioso-administrativo, promovido por el grupo CPC contra el acuerdo del Pleno que aprobaba la desigual e injusta permuta.

Finalmente, señalar que el gobierno municipal ha utilizado públicamente, de forma ignominiosa, la mentira y la descalificación contra los concejales del CPC, alegando permanentemente que con la impugnación de la permuta nos oponíamos a la ejecución del Polígono Industrial “Portal de Milans”, en un vano intento de sembrar las dudas entre los ciudadanos con el único objetivo de satisfacer los intereses de un solo vecino –y quienes de forma oculta resulten beneficiados- frente al resto de la población.

Por ello, consideramos que los ciudadanos deben conocer bien sus derechos y saber que han sido legítimamente defendidos por el grupo CPC con el objeto de evitar que un claro abuso de poder consumjase una ilegal operación inmobiliaria.

Hemos cumplido con nuestra obligación y ahora es el tiempo de que cada uno de los que han actuado de forma contraria a la lealtad y respeto que deben a todos los ciudadanos en el cumplimiento de la legalidad y en la administración de los recursos públicos, asuman sus responsabilidades.

En esta trama inmobiliaria no sólo están implicados funcionarios públicos sino también políticos locales y aquellos otros en los que se han apoyado cuando en el Pleno del Ayuntamiento de Caspe han invocado a la DGA o al I.S.V.A.

Luis Javier Sagarra de Moor. Concejal del Ayuntamiento de Caspe.

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