El Juzgado de Instrucción de Caspe investiga un caso de corrupción urbanística en dicha localidad.
Se trata del expolio realizado en el paraje protegido La Herradura.
El actual concejal de urbanismo en el Ayuntamiento de Caspe, Javier Sagarra, es el que puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía.
El Juzgado de Instrucción de Caspe continúa la investigación que interesó el Fiscal Jefe provincial el pasado 26 de marzo de 2010 por presuntos delitos urbanísticos cometidos en el paraje La Herradura que se encuentra protegido en el Plan de Urbanismo de Caspe por su alto valor paisajístico y cultural. En este momento ya han prestado declaración por este asuntos varios testigos. (Portada del número de Febrero de 2011 de Bajo Aragón Caspe – Baix Aragó Casp- y Aragón. La Actualidad)
El Juzgado investiga un caso de corrupción urbanística en Caspe
Se trata del expolio realizado en el paraje protegido conocido como “La Herradura” en Caspe
LA ACTUALIDAD. J. A., Caspe
Según fuentes del CPC el estado actual de este caso pasa por que el Juzgado de Instrucción de Caspe continúa la investigación que interesó el Fiscal Jefe provincial el pasado 26 de marzo de 2010 por presuntos delitos urbanísticos cometidos en el paraje La Herradura que se encuentra protegido en el Plan de Urbanismo de Caspe por su alto valor paisajístico y cultural.
Ya han prestado declaración varios testigos, entre los que figuran el actual concejal de urbanismo (que puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía) así como varios arquitectos que prestaron servicio de asistencia urbanística al Ayuntamiento.
Hay que recordar que el pleno extraordinario celebrado en septiembre de 2010 por el Ayuntamiento de Caspe acordó por unanimidad remitir todo el expediente que se había instruido por funcionarios del Ayuntamiento por una falta muy grave contemplada en la Ley de Urbanismo de Aragón imputada a una empresa de la que forman parte varios cargos públicos del PSOE con responsabilidades en la alcaldía, tenencias de alcaldía y portavoces del grupo municipal socialista.
Las mismas fuentes siguen señalando que una testigo cualificada que fue arquitecta del Ayuntamiento hasta finales de septiembre de 2001 reveló al Juzgado que en los años 200-2001 el suelo conocido como La Herradura era no urbanizable y especialmente protegido por lo que no se podía conceder licencia de construcción, salvo que se autorizase por la Comisión de Ordenación del Territorio para alguna de índole menor, tras tener la preceptiva documentación técnica. En aquel tiempo Mariano Gómez Callao era el concejal de obras y tenía conocimiento de que la Herradura era un sueldo especialmente protegido. También sabía de esa protección urbanística la Secretaria Isabel Arnal y la alcaldesa Teresa Francín. Además toda esa información la pasaba la arquitecta al concejal y teniente de alcalde Florencio Repollés.
La arquitecta manifestó que ella dimitió de su cargo en el Ayuntamiento el 1 de septiembre de 2001, por varias actuaciones ilegales que se estaban produciendo en suelo rústico. También presentó un informe a la alcaldesa el 28 de septiembre de 2001 en el que le manifestaba que le comunicaba que desde el 1 de octubre de 1999 hasta el 28 de septiembre de 2001 en que prestó sus servicios en el Ayuntamiento las infracciones graves y muy graves cometidas en suelo no urbanizable no se habían remitido a la Comisión Provincial del Suelo No Urbanizable o Disciplina Urbanística de la DGA.
Esas manifestaciones ponen blanco sobre negro que durante el gobierno municipal en el que el PSOE gozaba de mayoría absoluta (1999-2003) se cometieron diversos abusos que culminaron en la concesión de una licencia de obras en julio de 2002 a la empresa que regentaban los socialistas Mariano Gómez Callao y Luis Ros y para la construcción de una Central Hortofrutícola en el paraje protegido de la Herradura. Además, dicha empresa ha realizado otras muchas obras, actividades, y extracciones de áridos sin ninguna licencia urbanística y ha convertido un almacén agrícola en centro de alojamiento y comedor colectivo.
Para conseguir esa licencia absolutamente ilegal se había contratado previamente al arquitecto y conocido militante socialista Carlos Miret Bernal quién alegó en su informe que se trataba de un suelo no urbano genérico, falseando la realidad urbanística.
Florencio Repollés es el abogado de la empresa – que además de construir la Central Hortofrutícola sin tener la licencia de actividad – había dejado la actividad política municipal al terminar la legislatura en el año 2003, se presenta como candidato a la alcaldía para las próximas elecciones municipales de mayo.
La alcaldesa Teresa Francín, que ha sido muy criticada por el CPC al haber manipulado el expediente disciplinario abierto a la empresa, no puso impedimento alguno a la concesión de la licencia de obras al igual que la secretaria del Ayuntamiento Isabel Arnal (que también ostentó cargos orgánicos en la agrupación socialista), a pesar de tener perfecto conocimiento de que se trataba de un suelo especialmente protegido con expresa prohibición de realizar obras e instalaciones industriales en el Plan de Urbanismo.
Posiblemente, en breves fechas, el Juzgado cite a declarar como imputados a todos los implicados en esta trama de corrupción urbanística que afecta al PSOE de Caspe.
El concejal de urbanismo, Javier Sagarra (CPC) ha manifestado a esta redacción que “la corrupción sólo genera crispación, por lo que hay que desterrarla de la vida política, siendo la hora de que los tribunales de justicia cumplan con su obligación de efectuar una completa investigación sobre el expolio producido en ese paraje natural, sin mirar quienes son los autores, cómplices o encubridores, para que podamos tener una sociedad sostenible y poder recuperar el paraje a su estado natural ya que poseía un alto valor cultural”.
(Página 3 del número de Febrero de 2011 de Bajo Aragón Caspe – Baix Aragó Casp- y Aragón. La Actualidad)
