El martes día 5 de septiembre, nos entrevistamos con Christophe Monxion, uno de los organizadores del DRAGONS HUNTERS FESTIVAL. Había venido a España a hablar con su abogado en Zaragoza por la demanda interpuesta a nuestro Ayuntamiento por todo este lamentable asunto sucedido a principios de agosto.
Dado el desarrollo de los acontencimientos y puesto que no hemos recibido explicación alguna de nuestro gobierno municipal, creímos interesante escuchar su versión, ver los documentos que poseía y por qué demandaba al Ayuntamiento de Caspe.
Christophe nos cuenta que ellos empezaron a motar todas las instalaciones a principios de junio aunque el único permiso que tenían era el de palabra de Francisco Doménech.
Habían realizado un contrato de arrendamiento con la sociedad de La Herradura por 5000€ más 15€ por asistente cuando pasaran de los 2500 y con 3000€ de fianza. Según ellos, el trato con Mariano Gómez fue estupendo y se mostró muy colaborador.
Al poco tiempo de empezar el montaje, la policía municipal se presentó allí y les dijo que desmontaran pues no tenían ningún permiso, pero ellos no lo hicieron pues seguían teniendo el permiso de palabra de F. Doménech.
Es a principios de julio cuando el Ayuntamiento les deniega el permiso para la realización del evento, pero no les dan un plazo de tiempo para presentar los papeles correctamente. Es entonces cuando ellos contratan un abogado de Zaragoza y através de el interponen un recurso al ayuntamiento por no haberles dado un plazo para presentar toda la documentación necesaria. Recurso que el ayuntamiento estima dándoles el plazo a principios de agosto.
Sin embargo, la organización seguía con el montaje del festival aun habiendo recibido la visita de la guardia civil que les obligaba a desmontar esta vez mediante aviso de la comarca.
Finalmente, 24 h antes del festival, se producen los acontecimientos que todos sabemos incluida la carga policial.
Entre recurso y recurso, montaje y desmontaje, Christophe incluso se presentó en un pleno de la DPZ para presentar su proyecto al Sr. Lambán, cosa que puso nerviosísima a nuestra alcaldesa la cual avisó a la seguridad para que lo detuvieran. Obviamente, el Sr. Lambán no quiso recoger el informe, pero sí lo hizo el PP.
Según ellos, han ido a hablar con toda autoridad posible en la DGA, CHE, Delegación del Gobierno, y decían todos que ellos nada podían hacer para que se desarrollara el festival.
En definitiva, la demanda interpuesta por la organización del festival al ayuntamiento de Caspe es por no haber dado los 10 días de rigor para la reclamación y qué documentos debían presentar y por no haberles echado antes y haberles dejado seguir montando. Piden daños patrimoniales por un valor de 100.000 €.
NUESTRA CONCLUSIÓN
Independientemente de que fuera un festival bien organizado o no, no solicitaron los permisos como se debía ni con el tiempo suficiente. Solamente se fiaron de la palabra de Francisco Doménech, que fue también el que firmó a su vez el levantamiento de la acampada (vaya contradicción, ¿no)
Por otro lado, consideramos que faltó firmeza a la hora de aplicar la legislación e impedir la instalación del campamento mucho antes de que la avalancha de asistentes fuera ya imparable. Había que haber dejado muy claro desde el principio y con la suficiente contundencia sin llegar a la violencia, por supuesto, que no podían realizar el festival por falta de documentación y los permisos necesarios. Y como esta era nuestra percepción, de ahí que se solicitara el que se cumpliera la legislación vigente al respecto en un escrito que os ponemos a continuación.
Solicitud de cumplimiento de la legislación vigente con respecto al Dragon Hunters Festival
Pensamos que se debería haber evitado la situación a la que se llegó: la movilización de efectivos de la Guardia Civil de toda la provincia en el último momento por la imposibilidad de parar ya el evento. Con las desgraciadas consecuencias que ello tuvo.
Nos preguntamos entonces, ¿por qué nuestro ayuntamiento se conformó con denegar el permiso? ¿Por qué no se ejerció más presión para que desmontaran las instalaciones y obligar a la organización a suspender de una vez por todas el festival? ¿Ha sido una actuación negligente? Además ¿se plantearon en algún momento si el festival pudiera haber sido de interés el que se realizara y haber colaborado un poco más facilitando, al menos, la información sobre cuáles eran los requisitos? Esperamos obtener respuestas en el próximo pleno.
Por último, dejar claro que estamos a favor de cuantos festival se quieran realizar dentro de nuestra comarca, ahora bien, cumpliendo con toda la legalidad.
